La empresa del Estado provincial informó sobre la situación de los cortes en los yacimientos.  

En las tierras públicas pertenecientes al Ente Provincial del Río Colorado (EPRC) existen puesteros que con autorización de este organismo, residen y realizan sus actividades, coexistiendo su permanencia en las mismas con el desarrollo de la actividad hidrocarburífera y productiva de la provincia de La Pampa.

El Ente percibe los montos correspondientes por la servidumbre generados en el desarrollo de la actividad hidrocarburífera y distribuye los mismos entre todos los superficiarios autorizados en un claro ejemplo de respeto, solidaridad y convivencia de diferentes actividades productivas sobre el mismo suelo.

Como es de público conocimiento, en desmedro de esta pacífica convivencia, un pequeño grupo de ocupantes de estas tierras intentaron impedir el normal desenvolvimiento de la actividad hidrocarburífera, pretendiendo obtener beneficios irracionales e ilegales a través de maniobras extorsivas, con total indiferencia a los efectos económicos y ambientales que su actitud representa a toda la comunidad pampeana.

Desde entonces y sin valerse de la apertura de la empresa a un diálogo conciliador, estos ocupantes continúan con medidas extorsivas para mantener sus reclamos desatendiendo las recomendaciones judiciales recibidas.

“Pampetrol Sapem siempre mantuvo abierto los canales de diálogo y cumplió como estipula la ley con todos los compromisos para una gestión de la actividad hidrocarburífera eficiente”, aclaró María de los Ángeles Roveda, presidenta de Pampetrol, a la Agencia Provincial de Noticias.

A su vez, explicó que “la empresa fue respetuosa y se manejó dentro de los términos legales de la normativa vigente. La Ley provincial N° 2529 establece que la indemnización debe ser abonada al propietario superficiario, en este caso el Ente Provincial del Río Colorado.

En este sentido, es importante que las partes reconozcamos la autoridad legal del Ente y presentar ante él la documentación pertinente”.
“Pampetrol, seguirá actuando conforme a lo que indica la ley, abonando el monto de la servidumbre generado por el desarrollo de la actividad hidrocarburífera, al Ente del Río Colorado y mantendrá los canales de diálogo abiertos para resolver la situación. Asímismo, recurrirá a la justica siempre que sea necesario si una situación provoca daños económicos, materiales y ambientales e impide el normal funcionamiento de la actividad, como en este caso.

Dado que al estar impedidos de acceder a los pozos nos vemos imposibilitados de monitorear y garantizar las condiciones de calidad, seguridad e higiene”, concluyó Roveda.